El Consejo Nacional de Derechos Humanos exige al gobierno medidas urgentes frente a la escalada de violencia y al bloqueo de políticas dirigidas a los pueblos originarios.
El organismo señala la criminalización de las retomadas territoriales, la militarización de los conflictos por la tierra e incluso violaciones cometidas en el marco de proyectos climáticos.

Autor: Daniel Camargos

El Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva que decrete un estado de emergencia pública ante la escalada de violencia contra los pueblos indígenas. La recomendación, aprobada el viernes 7, representa una nueva presión sobre Brasil, anfitrión de la COP30, la Cumbre del Clima de las Naciones Unidas, inaugurada este lunes 10. 

“Existe una negligencia del Estado brasileño hacia los pueblos indígenas, incluso siendo sede de la COP”, afirmó Lara Estevão, consejera del CNDH y abogada popular de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT). En la solicitud, el consejo describe un escenario de agravamiento de la violencia, con asesinatos, amenazas, desalojos e invasiones de territorios indígenas, además de deficiencias persistentes en los servicios de salud y educación. Las conclusiones se basan en misiones de campo y audiencias públicas realizadas desde 2024.

Los informes citados por el CNDH también señalan impactos de iniciativas climáticas mal planificadas. Durante una misión a la Tierra Indígena Enawenê Nawê, en el estado de Mato Grosso, el consejo identificó violaciones en proyectos de créditos de carbono implementados sin consulta previa, con riesgo de restringir el uso del territorio y afectar las formas de vida de la comunidad. El CNDH sostiene que las políticas climáticas no pueden vulnerar los derechos territoriales. Según Estevão, la recomendación habría sido formulada incluso si no existiera la conferencia de las Naciones Unidas, pero el consejo decidió divulgar el documento antes del inicio de la COP30, considerando que el evento otorgaría mayor visibilidad política e internacional a las denuncias.

El CNDH es un organismo federal autónomo que monitorea y propone acciones para la defensa de los derechos humanos en el país. Está integrado por 18 representantes del gobierno y de la sociedad civil, y puede emitir recomendaciones, acompañar casos de violaciones y proponer medidas a los poderes públicos. Creado en 2014, funciona de manera independiente, aunque está adscrito al Ministerio de Derechos Humanos.

El documento también señala que existen violaciones sistemáticas de derechos y omisión del Estado en la protección de comunidades y liderazgos amenazados. Asimismo, dirige solicitudes específicas al Supremo Tribunal Federal y al Congreso Nacional brasileños.
El plazo para las respuestas es de un mes.

La violencia contra los pueblos indígenas aumentó tras la aprobación del “marco temporal”, según el consejo.

Entre las solicitudes se incluye la suspensión de los efectos de la Ley 14.701/2023, que instituyó el marco temporal, así como el rechazo de cualquier intento de incorporar esta tesis en la Constitución. El consejo también recomienda bloquear iniciativas que regulen la minería en tierras indígenas sin salvaguardas adecuadas y reforzar el derecho a la consulta previa, libre e informada, previsto en el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo).

 “La ley del marco temporal se ha utilizado como un muro que impide avanzar”, declaró Lara Estevão. Para el consejo, la combinación de omisiones administrativas, decisiones judiciales controvertidas y operaciones policiales sin control ha incrementado el riesgo para las comunidades, lo que justifica el reconocimiento del estado de emergencia y la adopción de medidas urgentes.

La tesis del marco temporal restringe el derecho a la demarcación de tierras indígenas únicamente a los pueblos que ocupaban el territorio —o lo disputaban judicialmente— el 5 de octubre de 1988, fecha de promulgación de la Constitución brasileña. En septiembre de 2023, el Supremo Tribunal Federal (STF) declaró la tesis inconstitucional al juzgar el caso del pueblo Xokleng, del estado de Santa Catarina. Aun así, el Congreso Nacional aprobó la Ley 14.701, que reintroduce el marco temporal. En 2024, el ministro de la suprema corte Gilmar Mendes creó una cámara de conciliación para debatir la norma.
La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) se retiró del proceso, alegando que los derechos indígenas son innegociables.

Los informes citados por el CNDH señalan que la violencia aumentó tras la aprobación del marco temporal. Según el Consejo Indigenista Misionero (Cimi), 208 indígenas fueron asesinados en 2023, lo que representa un aumento del 15,5 % en comparación con el año anterior, cuando se registraron 180 muertes. En el mismo período, los homicidios en el país disminuyeron un 3,4 %, de acuerdo con el Foro Brasileño de Seguridad Pública.

El Consejo Nacional de Derechos Humanos también registró 54 denuncias de violaciones en lo que va del año, de las cuales 15 involucraron directamente a comunidades indígenas, y concluyó que la nueva ley agravó los conflictos territoriales y alentó los ataques en distintas regiones. «Desde la aprobación del marco temporal hemos observado un aumento exponencial de denuncias. Es como si existiera una autorización implícita para atacar», afirmó la consejera, quien coordina la Comisión Permanente de Derechos de los Pueblos Indígenas, Quilombolas y Comunidades Tradicionales del CNDH.

 Las violaciones de derechos de los pueblos indígenas ocurren de norte a sur de Brasil.

En el estado de Paraná, el Consejo Nacional de Derechos Humanos registró amenazas, persecuciones e intentos de homicidio contra el pueblo Avá-Guaraní. Poco después de una visita del organismo, un indígena fue hallado decapitado. En Mato Grosso do Sul, los informes señalan ataques recurrentes a las comunidades Guaraní y Kaiowá, con desalojos violentos y uso de fuerza policial. El consejo describe la actuación conjunta de agentes públicos y grupos privados en operaciones de represión contra las retomadas territoriales.

Repórter Brasil reveló que, en octubre, la tropa de choque de la Policía Militar escoltó tractores de hacendados y utilizó balas de goma y gas lacrimógeno contra indígenas de la retomada de Guyraroká, en Caarapó (MS). El conflicto llevó al gobierno federal a enviar una misión de emergencia al territorio, tras denuncias de desesperación colectiva y amenazas de suicidio entre los Guaraní y Kaiowá.

En el sur del estado de Bahía, la recomendación reúne información de la misión que acompañó la Operación Pacificar en las Tierras Indígenas Barra Velha do Monte Pascoal y Comexatibá, pertenecientes al pueblo Pataxó. El organismo documenta detenciones masivas, intimidación de familias y destrucción de bienes, y solicita la responsabilidad de las autoridades involucradas. Según el consejo, existe una criminalización de las retomadas y una militarización de los conflictos por la tierra.

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Esta publicación fue elaborada por Repórter Brasil, en el marco de la Cobertura Colaborativa Socioambiental de la COP 30. Puede leer la versión original en portugués en: https://reporterbrasil.org.br/2025/11/cop30-cndh-recomenda-decreto-de-calamidade-indigena/