En una protesta iniciada a las 5.00, indígenas de Pará se manifiestan contra el gobierno brasileño por permitir el avance de una serie de grandes proyectos sin consulta previa a las comunidades afectadas, como la Ferrogrão y la implementación de una línea férrea en el río Tapajós; tras más de cuatro horas y una negociación con el presidente de la COP30, se liberó el acceso a la Blue Zone a las 9.30.
Por Daniel Camargos, Fernando Martinho e Isabel Harari
Traducción: Leandro Manera Miranda/Verso Tradutores
DE BELÉM (PA) — Decenas de indígenas del pueblo Munduruku, provenientes de aldeas cercanas a Itaituba y Jacareacanga, en el estado de Pará, protestaron en las primeras horas de este viernes (14) frente a los portones cerrados de la Blue Zone de la COP30, en Belém.
El acto bloqueó la entrada del principal pabellón de la conferencia climática de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) durante cerca de cuatro horas. Tras la llegada del presidente de la COP30, el embajador André Corrêa do Lago, y una negociación con la delegación del pueblo Munduruku, el acceso fue liberado alrededor de las 9.30. Los líderes indígenas exigían una reunión urgente con el presidente Lula y afirmaban que solo abandonarían el lugar si fueran recibidos por autoridades.
La protesta del pueblo Munduruku está dirigida al gobierno brasileño, al que acusan de permitir el avance de una serie de proyectos sin consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas afectadas. Las quejas se centran en hidrovías y puertos privados, además de iniciativas de crédito de carbono vinculadas al agronegocio y a la implementación de la Ferrogrão, una línea férrea que pretende conectar municipios productores de granos en Mato Grosso con terminales fluviales de carga en Pará.
El embajador André Corrêa do Lago y la directora ejecutiva de la COP30, Ana Toni, llegaron al lugar alrededor de las 8.30 para negociar con los manifestantes.
Hablaron con las activistas Maria Leusa Kaba Munduruku y Alessandra Korap Munduruku, entre otros líderes indígenas. En un momento dado, el presidente de la Conferencia tomó en brazos al hijo menor de Maria Leusa.
Tras una breve conversación, los representantes de la COP y la delegación del pueblo Munduruku se dirigieron a una zona reservada para negociar. Pocos minutos después, los manifestantes liberaron el acceso a la Blue Zone.
Había cientos de personas retenidas en el lugar, a la espera de que se autorizara el ingreso al área de conferencias de la ONU.
“Nuestra selva no está en venta”
El acto de hoy fue articulado por el Movimiento Munduruku Ipereg Ayu. “Presidente Lula, estamos aquí frente a la COP porque queremos que nos escuche”, dice la nota del movimiento. “Revoque el Decreto 12.600. Cancele la Ferrogrão. Demarque nuestras tierras. Fuera crédito de carbono. Nuestra selva no está en venta”, afirma el texto.
El grupo salió de la Aldeia COP —un espacio organizado por el Ministerio de los Pueblos Indígenas y organizaciones sociales que alberga a cerca de 3.000 indígenas de Brasil y de otros países— y caminó hasta la entrada de la zona restringida de la ONU. Al llegar, encontraron el acceso cerrado y a policías de la Fuerza Nacional apostados en la entrada del Parque da Cidade. Una líder indígena afirmó: “Si el portón está cerrado, nadie entra y nadie sale”. Más policías siguieron llegando al lugar.
El Decreto 12.600/2025, que instituyó el Plan Nacional de Hidrovías, es el principal blanco de la protesta. El texto establece los ríos Tapajós, Madeira y Tocantins como ejes prioritarios para la navegación de carga. Para el pueblo Munduruku, el decreto abre camino a nuevos dragados y al derrocamiento de afloramientos rocosos sagrados. “Convierte el río en una carretera para la soja”, criticó una líder indígena.
Los Munduruku también se encuentran entre los pueblos más afectados por la contaminación por mercurio derivada de la minería de oro en sus tierras.
Los líderes rechazan proyectos de crédito de carbono y mecanismos de REDD+ debatidos en la COP30. Para el movimiento, estos mecanismos permiten la entrada de empresas en los territorios y no resuelven los problemas provocados por la deforestación industrial, la minería ilegal y las hidrovías.
Datos del Inesc indican que el 68 % de la inversión federal en infraestructura en la Amazonía, entre 2010 y 2022, se destinó a corredores de exportación. En 2023, el 47 % de la soja brasileña salió por el Arco Norte. El movimiento de carga en el río Tapajós pasó de 4.000 toneladas en 2019 a 167.000 toneladas en 2022. Los líderes indígenas relatan una reducción de la pesca, contaminación del agua, restricciones a la circulación y los impactos de dragados recientes en el río como efectos de estas actividades económicas.
El movimiento también exige la cancelación definitiva de la Ferrogrão. El proyecto prevé el transporte de granos desde Sinop (MT) hasta Miritituba (PA). Estudios del Ministerio de Transportes indican que el volumen transportado por el Tapajós podría multiplicarse por seis de aquí a 2049. Para el pueblo Munduruku, eso amplía la instalación de puertos en los municipios de Miritituba, Itaituba y Trairão, e intensifica las operaciones de dragado y la presión sobre el territorio.
Los líderes indígenas también reclaman acelerar la demarcación de tierras indígenas. Los procesos están paralizados en el Ministerio de Justicia y en la Casa Civil. El movimiento vincula el aumento de los conflictos en la región al avance de la soja.
Esta nota fue producida por Repórter Brasil en el marco de la Cobertura Colaborativa Socioambiental de la COP30. Lea la nota original en: https://reporterbrasil.org.br/2025/11/munduruku-bloqueiam-entrada-cop30-reuniao-lula/
