Minería ilegal comienza a desplazarse de la Amazonía hacia el Cerrado, señala ministerio brasileño

Tras la retirada de invasores de las Tierras Indígenas Yanomami, Kayapó, Munduruku y otras áreas protegidas, grupos empresariales están trasladando operaciones ilegales desde la región Norte hacia la Tierra Indígena Sararé, en el estado brasileño de Mato Grosso.

Por Daniel Camargos
Versión al español: Leandro Roberto Manera Miranda / Verso Tradutores

DE BELÉM (Brasil) — La coordinadora del seguimiento de las operaciones de desintrusión del Ministerio de los Pueblos Indígenas (MPI) en Brasil, Julia Ospina Kimbaya, afirmó que el gobierno federal identificó un desplazamiento de redes empresariales de la minería ilegal hacia la Tierra Indígena Sararé, en el estado de Mato Grosso, en la región Centro-Oeste del país. Según ella, el movimiento se produce después de las operaciones de retirada de invasores en territorios protegidos como la Tierra Indígena Yanomami.

Estas operaciones, conocidas como “desintrusión”, derivan de la ADPF 709 (Acción de Incumplimiento de Precepto Fundamental), una causa presentada ante el Supremo Tribunal Federal (STF) en 2020 que obligó al gobierno, durante la pandemia, a adoptar medidas permanentes para proteger a los pueblos indígenas y retirar ocupantes ilegales de ocho territorios, entre ellos Yanomami, Munduruku, Kayapó y Apyterewa.

Julia participó el martes 18 en un panel de la Aldea COP —el espacio indígena de la COP30 en Belém do Pará— y afirmó que, aunque hubo reducción de actividades de minería ilegal en algunos de esos territorios, las estructuras criminales no desaparecieron: simplemente se desplazaron. “Existe una relación intrínseca entre las redes que actúan en Yanomami, Kayapó, Munduruku y Sararé”, señaló.

El desplazamiento involucra tanto facciones criminales como grupos empresariales que suministran maquinaria pesada, combustible y logística a las actividades de minería ilegal. Julia afirmó que indígenas siguen siendo reclutados para trabajar en las frentes ilegales sin recibir ningún retorno financiero. “La forma de minería ilegal en las tierras indígenas es perversa”, dijo.

En la TI Sararé, el efecto ya es visible. El territorio lidera, en 2025, las alertas de minería ilegal en el país, con 1.814 registros del Ibama. Una operación federal, coordinada por el MPI e iniciada en agosto, destruyó 490 campamentos, 113 excavadoras, 361 motores utilizados en la minería ilegal y casi 51.000 litros de combustible, además de motocicletas, camiones y municiones. El daño estimado para la minería ilegal supera los R$ 177 millones, según el Censipam, que monitorea el avance de las actividades clandestinas en la región.

El territorio tiene 67.719 hectáreas y alberga a 201 personas del pueblo Nambikwara. Homologada en 1985, la zona combina trechos de áreas de bosque tropical y de cerrado y convive con presiones constantes de mineros ilegales, madereros, productores rurales y grileiros, de acuerdo con información del ISA (Instituto Socioambiental).

Postdesintrusión preocupa al Gobierno

Julia defiende transformar las medidas posteriores a la desintrusión en una política de Estado permanente, con presupuesto propio y continuidad similar al PPCDAN, el plan del Ibama para combatir la deforestación. “La desintrusión es una actividad continua”, afirmó.

Señala que el MPI ha buscado integrar a la Funai, el Ibama, el ICMBio, la Policía Federal y la Fuerza Nacional en las acciones, además de fortalecer a las asociaciones indígenas, para que las comunidades puedan acceder a convocatorias de financiamiento y crear alternativas económicas en el período postdesintrusión.

“Eso ayuda a sacar a los parientes —como los indígenas se llaman entre sí— de las actividades ilegales”, afirma Julia, quien pertenece al pueblo Kimbaya, en Colombia, y trabajó en Rio Grande do Sul en investigaciones y articulaciones vinculadas al derecho indígena y a la ecología política.

La situación de la Tierra Indígena Apyterewa, en Pará —estado sede de la COP30— muestra las dificultades del período postdesintrusión. Aunque es uno de los territorios prioritarios de la ADPF 709, la violencia se mantuvo elevada desde comienzos de 2024, cuando la operación fue concluida.

Varios ataques armados fueron registrados en los últimos meses, incluidos tiroteos contra casas recién construidas y emboscadas a indígenas que se desplazaban para cazar. En enero, tres Parakanã fueron atacados por pistoleros. En diciembre pasado, decenas de disparos alcanzaron estructuras de madera. La TI Parakanã es  la más deforestada del país.

La Policía Federal abrió investigaciones y el MPI renovó las resoluciones que autorizan la presencia de la Fuerza Nacional. La APIB (Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil) envió al STF, en mayo, un informe denunciando fallas en el plan postdesintrusión y exigiendo el fortalecimiento de la seguridad.

Los Parakanã enfrentan el retorno de invasores atraídos por el precio del cacao y por la permanencia de ganado ilegal dejado por ocupantes que huyeron de la operación. Los cultivos abandonados siguen generando conflictos internos y disputas por la cosecha.

La circulación de empresarios vinculados a la minería ilegal también se reconfiguró ante las operaciones federales. En abril, Repórter Brasil reveló que operadores investigados en Brasil estaban llevando excavadoras e inversiones a Guyana, donde la legislación permite la minería en tierras indígenas mediante acuerdos con las comunidades locales. El reportaje mostró que empresarios que actuaban en áreas como Yanomami, Kayapó y Munduruku extendieron sus operaciones al país vecino al percibir una mayor represión en Brasil.

Cuando son presionadas por la fiscalización, estas redes no se desarticulan, sino que simplemente se desplazan, como explica Julia. Por eso, afirma que el desafío es mantener la presencia del Estado de manera constante para impedir que la minería ilegal ocupe regiones donde la fiscalización sigue siendo frágil.

Este reportaje fue producido por Repórter Brasil, en el marco de la Cobertura Colaborativa Socioambiental de la COP30. Lea el texto original en https://reporterbrasil.org.br/2025/11/operacoes-deslocam-garimpo-ilegal-para-ti-sarare-mato-grosso/