El potencial brasileño para minerales críticos es celebrado por las mineras en la COP30 por su papel en la transición energética, pero la procuradora Thaís Medeiros da Costa advierte sobre los posibles impactos que podrían sufrir las poblaciones que viven cerca de las zonas de minería.

Por: Isabel Harari

La carrera por minerales críticos avanzó sobre la Amazônía y llegó a la Cumbre del Clima de las Naciones Unidas, la COP30. Empresas mineras y gobiernos han celebrado el potencial brasileño para extraer minerales esenciales para la transición energética, pero el Ministerio Público Federal de Pará observa el proceso con “preocupación”.  

En entrevista exclusiva a Repórter Brasil, la procuradora Thaís Medeiros da Costa encendió una señal de alerta ante la expansión de la minería y su posible impacto sobre los pueblos indígenas y comunidades tradicionales. “Esta nueva carrera tiene un potencial de riesgo muy grande para los pueblos de la Amazonía”, afirma.

Minerales como el litio, tierras raras, cobre y níquel son importantes para la producción de baterías e imanes de alta potencia, fundamentales para la transición energética por reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Por ello, los proyectos de explotación de minerales críticos tienen prioridad en el proceso de licenciamiento ambiental e incentivos financieros, como la reciente convocatoria de BNDES, que invertirá R$45 mil millones en proyectos de minería orientados a la descarbonización de la economía.  

La procuradora observa un “distanciamiento peligroso” entre la ANM (Agencia Nacional de Minería), que autoriza la explotación minera, y las organizaciones ambientales, encargadas de licenciar los emprendimientos. Los eventuales impactos sobre las comunidades deberían ser una preocupación para ambos extremos de la cadena, evalúa Costa.

«Es necesario un doble análisis para comprobar si el proceso de licenciamiento se llevó a cabo correctamente y si se respetaron todas las garantías legales. La ANM falla en muchos aspectos, y este es uno de ellos”, señala la procuradora.

Una investigación de Repórter Brasil identificó más de 7.700 solicitudes de explotación de minerales críticos en la Amazonía Legal. Una parte de ellas se encuentra a menos de 10km o incluso dentro de las unidades de conservación o en áreas ocupadas por pueblos indígenas y quilombolas. En este caso, la legislación exige que se consulte a las comunidades afectadas, pero no siempre ocurre de esta manera, cuenta la procuradora.

En agosto, Thaís Costa firmó la acción civil pública que solicita la anulación de una licencia para la extracción de oro en Altamira, en Pará. La demanda señala las “fallas graves” en los estudios ambientales y la ausencia de consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas Kayapó de las tierras indígenas Baú y Menkragnoti.

Lee la entrevista:

Repórter Brasil: ¿Cómo actúa el MPF de Pará frente al tema del garimpo ilegal y de la minería?

Thaís Medeiros da Costa: La minería en el estado de Pará es un tema complejo en la actuación del MPF, tanto en el ámbito de la minería legal, que pasa por un proceso de licenciamiento ambiental que tiene fallas y no consulta a los pueblos y comunidades tradicionales, como en ámbito del garimpo ilegal.  

El pueblo Munduruku es despreciado por esta actividad diariamente. Aunque viven en una tierra indígena homologada, siguen siendo objeto de invasores que se aprovechan de la débil presencia del Estado para explotar los recursos minerales dentro de la región. El garimpo no es una actividad que se puede permitir en tierras indígenas.

¿Cuáles son los principales impactos de la minería? 

Estas actividades tienen un gran impacto sobre los recursos ambientales, sobre el agua, la tierra y el aire, y esos impactos son acumulativos.

¿Es posible mitigar o revertir estos impactos?

Lograr revertir el impacto ambiental causado por la minería o el garimpo ilegal es muy desafiante. El MPF ha estado dialogando con las organizaciones ambientales como el Ibama y el Ministerio del Medio Ambiente, y pudimos observar que hay una dificultad para pensar en soluciones para la restauración de estas áreas. Observamos algunas operaciones de desintegración, de expulsión de invasores,pero lo que queda después es la devastación ambiental. ¿Cómo restaurarlas? Este es un desafío que el gobierno aún no ha logrado presentar una solución. Y ese aspecto se debe tener en cuenta al autorizar estas actividades [mineras], porque el propio gobierno todavía no sabe cómo enfrentar los impactos que generan.

¿Cómo observa el MPF esta carrera por los minerales críticos y estratégicos?

El MPF observa esta nueva carrera con preocupación, porque la lógica económica del Estado brasileño es primero decidir y luego garantizar que esto se ponga en práctica. Hay que invertir esta lógica, es decir, verificar si la actividad es viable antes de decidir. Creo que esta nueva carrera tiene un potencial de daño muy grande para los pueblos de la Amazonía y, por lo tanto, exigirá una actuación especialmente vigilante por parte del Ministerio Público. 

Con el crecimiento también vienen los impactos ambientales. Es necesario que el gobierno esté atento para que, al mismo tiempo que busque impulsar la economía, lo haga de manera legítima y legalmente estructurada. De lo contrario, será absolutamente inválido, ilegítimo y violatorio de derechos. 

El estaño es considerado un mineral estratégico para la transición energética. Hay denuncias de garimpo ilegal de casiterita, el principal mineral del que se obtiene el estaño, en la cuenca del Tapajós, en zonas próximas a los territorios indígenas de los Munduruku. ¿Qué tal está la situación en la región?

Es preocupante. La minería genera presión agraria, invasión de territorio y amenazas. En el caso de la casiterita, que es un mineral cuya explotación se ha intensificado en la Amazonía, genera riesgos y un daño real para las comunidades.

La Constitución prohíbe la minería en territorios indígenas, salvo cuando hay una autorización del Congreso Nacional y las comunidades afectadas son consultadas. Investigaciones de Repórter Brasil mostraron que hay procesos mineros en el entorno de esos territorios, a menos de 10 kilómetros  – considerada como área directamente afectada por la actividad minera. ¿Cómo aborda el MPF esta cuestión?

En agosto mi oficio expidió una recomendación con base en la Portaria 60, una normativa interministerial, para que se anulen o no se renueven las Permissões de Lavra Garimpeiras (PLG) en el entorno de las tierras indígenas, hasta 10km. Esta medida se tomó precisamente debido a las deficiencias en el licenciamiento ambiental, a la falta de participación de la Funai y a la ausencia de consulta a los pueblos indígenas de la región. 

La ANM (Agencia Nacional de Minería) es la organización gubernamental encargada de autorizar los procesos mineros. ¿Cómo respondió?

La ANM afirma, de forma reiterada, que no le corresponde comprobar si el licenciamiento ambiental se realizó de manera correcta ni llevar a cabo la consulta libre, previa e informada y que, por lo tanto, los títulos habrían sido emitidos de manera regular.

Observamos un distanciamiento muy peligroso entre la organización que autoriza la minería y la organización que la licencia. Eso no puede ocurrir. No basta con contar con una licencia ambiental; es necesario hacer un doble análisis para comprobar si el proceso de licenciamiento se llevó a cabo correctamente y si se respetaron todas las garantías legales. La ANM falla en muchos aspectos, y este es uno de ellos.

Según el MPF ¿es posible haber actividad de minería dentro de ese límite de 10km en el entorno de áreas protegidas?

No sin consultar a los pueblos indígenas, porque es un elemento previsto en la Convenção nº 169 de la OIT y en la Portaria nº 60 [que establece la consulta en el proceso de licenciamiento ambiental]. El impacto dentro de este límite es un impacto presumido, lo que no excluye, incluso, que pueda haber impactos más allá de los 10km.

La ANM puede autorizar la búsqueda minera antes de que empiece el proceso de licenciamiento ambiental. Esto ha pasado, por ejemplo, en un caso evidenciado por Repórter Brasil, en el que la ANM autorizó la búsqueda para la explotación de tierras raras dentro del área de un quilombo en Tocantins. ¿Por qué esto puede ser un problema?

Hay una diferencia entre los tipos de autorización. La autorización para la búsqueda pasa por un proceso muy simplificado de licenciamiento, que no es un proceso de licenciamiento ambiental. Ellos se amparan en esa premisa para descartar por completo la necesidad de una licencia ambiental o para simplificar el proceso y, por lo tanto, dejar fuera a las comunidades y autorizar el inicio de las actividades sin licencia y sin consulta a los pueblos.

Ese marco normativo en la explotación minera de Brasil es muy antiguo y necesita ser revisado. Si el gobierno tiene interés en la explotación de minerales, primero hay que hacer su tarea, es decir, revisar su marco normativo para garantizar la máxima protección ambiental, el deber de restauración ambiental y el derecho a la participación de los pueblos en este proceso.

Este reportaje fue realizado con el apoyo de Rainforest Investigations Network, del Pulitzer Center.

Este reportaje fue producido por Repórter Brasil, a través de la Cobertura Colaborativa Socioambiental de la COP 30. Lee el reportaje original en https://reporterbrasil.org.br/2025/11/anm-peca-em-muitos-aspectos-diz-procuradora-mineracao-licenciamento/