Ante la emergencia climática, el plan del gobierno federal debería incluir la degradación de los bosques, alinear las metas con los estados y mejorar el crédito rural, afirman investigadores en Belém.
Por: Fábio Bispo, Ana Magalhães
Traducción: Leandro Manera Miranda / Verso Tradutores
Aunque el plan del gobierno federal para lograr deforestación ilegal cero hasta 2030 cuenta con un equipo interministerial, es amplio y consiguió reducir la tasa de destrucción de la selva en el último año, científicos consultados por InfoAmazonia en la COP30 señalan que aún hay aspectos que pueden mejorar. Además, consideran que ante un escenario de emergencia climática, Brasil debería ser más ambicioso y ampliar sus metas.
Entre los problemas destacados por los investigadores están la previsión de eliminar únicamente la deforestación ilegal (sin considerar la deforestación legal), la exclusión de la creciente degradación forestal, la falta de sincronía entre las metas del gobierno federal y las de los estados, además del hecho de que el plan del gobierno brasileño no contempla mejoras ni controles sobre el financiamiento bancario dirigido a productores rurales.
Anunciada por el presidente Lula durante la COP27, en Egipto, y posteriormente publicada en enero de 2023 dentro de la 5ª fase del PPCDAM (Plan de Acción para la Prevención y el Control de la Deforestación en la Amazonía Legal), la meta del gobierno prevé deforestación ilegal cero hasta 2030 y la compensación de la deforestación legal mediante la regeneración de áreas degradadas.
En 2024, durante la COP29, en Bakú (Azerbaiyán), la meta fue incorporada en la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) brasileña, como parte de los esfuerzos para cumplir el Acuerdo de París, que busca estabilizar el calentamiento global en 1,5 ºC. Sin embargo, aún no existe un número oficial —en hectáreas o kilómetros cuadrados— que defina cuál sería la deforestación legal permitida dentro del plan. Eso, por sí solo, ya representa un problema, afirma la investigadora del Instituto del Hombre y Medio Ambiente de la Amazonía (Imazon), Brenda Brito.
Hay, sin embargo, quienes señalan problemas mayores. Es el caso de uno de los principales especialistas en clima del país, el profesor e investigador Carlos Nobre, el primero en Brasil en alertar, en la década de 1990, sobre el punto de desertificación de la Amazonía —actualmente denominado punto de no retorno, un límite crítico de un sistema que marca la transición hacia un estado irreversible, en el que la selva ya no consigue regenerarse—. Nobre sostiene que la meta del gobierno debería ser deforestación total cero hasta 2030.
“Necesitamos una ley que prohíba cualquier deforestación en cualquier bioma brasileño, ahora y durante muchas décadas; de lo contrario, vamos a superar los puntos de no retorno de estos biomas [Amazonía, Pantanal, Cerrado y Caatinga]”. Según Nobre, existe la posibilidad de que el punto de no retorno de la Amazonía sea alcanzado entre 2050 y 2070. Si eso ocurre, habría un efecto en cascada sobre los demás biomas, afectando cultivos en el Centro-Oeste, el Sudeste y el Sur del país.
“Si superamos ese punto de no retorno, también vamos a reducir significativamente los llamados ríos voladores, que transportan humedad hacia el Sudeste. Habrá una degradación severa de la Mata Atlántica y perderemos más del 50 % del Cerrado”. Por ello, añade, es necesario establecer una meta más ambiciosa que la presentada por el gobierno. Nobre viene alertando sobre esto desde hace años y, en la COP30, ha intentado ser aún más enfático: “Si llegamos a ese punto, Brasil dejará de ser un gran productor de alimentos. Es otro enorme riesgo para toda la economía y la sociedad brasileña; Brasil se convertirá en un país aún más pobre”.
Los argumentos del investigador se basan en la configuración actual de la deforestación legal en Brasil. En la Amazonía, puede llegar hasta el 20 % del área de una propiedad. En otros biomas, sin embargo, ese porcentaje es mayor, llegando al 50 % en el Pantanal, por ejemplo. “Esta COP debe desempeñar un papel clave en enfrentar esta emergencia. Eso significa no permitir que la temperatura sobrepase con holgura 1,5 ºC”.
La ausencia de la degradación forestal en las metas es un problema
Otro punto considerado crítico es que la degradación forestal no figure en las metas del gobierno, ni tampoco en la contabilidad oficial de la deforestación.
Un investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE) explicó que la medición de deforestación realizada por el programa Prodes —que genera las tasas anuales y sustenta políticas públicas— es conservadora. Solo se registra deforestación cuando el área afectada ya no tiene árboles, cuando deja de tener apariencia de selva, es decir, cuando llega al límite, con menos del 30 % de cobertura vegetal. La degradación, en cambio, es un proceso continuo que avanza poco a poco, ya sea por quemas o por explotación irregular del manejo maderero, por ejemplo.
Si por un lado los datos recientes del Prodes muestran una caída del 11 % en la deforestación oficial entre agosto de 2024 y julio de 2025 en comparación con el período anterior, por otro lado la degradación forestal viene aumentando. El año pasado, la Amazonía registró un área degradada superior a 2.500.000 hectáreas, un aumento del 44 % respecto a 2023 y del 163 % respecto a 2022, según un artículo publicado en la revista Global Change Biology por científicos del INPE en colaboración con la Universidad de São Paulo y con instituciones del Reino Unido y de Estados Unidos. Una de las principales causas de la degradación es el fuego.
Mientras la tasa anual de deforestación del gobierno se concentra en la tala rasa —cuando hay eliminación total de árboles—, otras herramientas y plataformas realizan mediciones menos conservadoras, incorporando no solo la deforestación, sino también la destrucción causada por quemas. Es el caso de los datos de la Universidad de Maryland, disponibles en la plataforma Global Forest Watch. Allí, el concepto utilizado es “pérdida de bosque primario”: es decir, cualquier proceso que genere pérdida de cobertura forestal entra en el cómputo. Y las cifras son alarmantes.
Los datos de la Universidad de Maryland analizados por Amazon Conservation muestran que Brasil perdió 2.831.503 hectáreas de bosque primario el año pasado, y que el fuego afectó más de la mitad de esa superficie, impactando directamente 1,9 millones de hectáreas. Este impacto fue el mayor registrado desde 2002, superando el récord previo de 2016 (1,6 millones de hectáreas), según el Informe 229 del programa de monitoreo Andes Amazonía (MAAP).
Los principales puntos de presión coinciden con las fronteras agrícolas de la soja y la ganadería, especialmente a lo largo de las rutas BR-163 (en Pará y Mato Grosso), y en las BR-230 (Transamazónica), BR-319 y BR-364, que atraviesan zonas de expansión agropecuaria en Rondônia, el sur de Amazonas y Acre. El fuego también afectó 751.000 hectáreas en tierras indígenas y más de 372.000 hectáreas en unidades de conservación.
La pérdida de selva nativa también aumentó en toda la Panamazonía, que abarca nueve países. Sumando deforestación e incendios, toda la Amazonía perdió 4,5 millones de hectáreas de bosques primarios solo en 2024. Brasil y Bolivia concentraron el 95 % de las áreas afectadas por fuego en el año.
Desde 2002 —es decir, en más de dos décadas—, el MAAP estima que se perdieron 33,7 millones de hectáreas de bosque primario, de las cuales 10,6 millones fueron impactadas por incendios en toda la Amazonía. Esto significa que los incendios ya representan cerca de una cuarta parte de la pérdida acumulada de selva nativa.
El informe advierte que, como vector de destrucción, la degradación causada por incendios se está volviendo tan relevante como la deforestación en la Amazonía.
“2024 fue un año particularmente crítico en términos de incendios y quemas, y creo que quizá exista cierta ceguera por parte del gobierno en este punto, una insistencia en una definición demasiado restrictiva de lo que se considera deforestación”, analiza Blaise Bodin, director de Estrategia y Políticas de Amazon Conservation.
Él destaca que otras iniciativas ya incorporan y consideran la degradación y las quemas, como un acuerdo firmado entre el estado de Pará y una coalición de compradores de créditos de carbono por la reducción de la deforestación. “En esa metodología, por ejemplo, que es utilizada por el mercado voluntario de carbono, los incendios afectan los resultados, porque se tiene en cuenta la degradación”.
El gobierno lanzó —y el Congreso Nacional aprobó en julio de 2024— la Política Nacional de Manejo Integrado del Fuego, como parte del plan de deforestación ilegal cero, y ya hubo resultados. Sin embargo, ignorar la degradación que termina convirtiéndose en deforestación sigue siendo un problema.
InfoAmazonia buscó al Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático y a la Casa Civil del gobierno federal para comentar las críticas, pero no obtuvo respuesta hasta la publicación de este reportaje.
Otro punto importante es que las quemas, además de destruir la vegetación, son grandes emisoras de dióxido de carbono, lo que puede acabar perjudicando el plan de reducción de esas emisiones. El calentamiento global y el aumento de las temperaturas vuelven la selva más seca e inflamable, lo que agrava aún más la situación y alimenta el círculo vicioso.
“Una observación fundamental a enfatizar es la aparente importancia de los años de incendios asociados al fenómeno El Niño y la necesidad de planificar para los próximos años. Y la probabilidad de que el cambio climático pueda hacer que los años ‘normales’ se parezcan más a los años de El Niño”, afirma Matt Finer, investigador sénior y director del MAAP.
La importancia de alinear las metas con los estados de la Amazonía Legal
Las metas divulgadas por los nueve estados de la Amazonía Legal, analizadas por los investigadores del Imazon Brenda Brito y Paulo Barreto, muestran discrepancias importantes en relación con el plan del gobierno federal. “Pará lanzó un plan en 2020 que prevé que la deforestación legal en el estado será de hasta 1.538 km² en 2030. El problema es que la meta brasileña, según nuestros cálculos, es la mitad de ese valor para toda la Amazonía. Es decir, falta alineamiento”, afirma Brito, destacando que la COP es un espacio estratégico para este diálogo con los estados. “Sería mejor que todos hablaran el mismo idioma”.
La investigadora de la Universidad Federal de Pará señala que calculó cuál debería ser la deforestación legal en toda la Amazonía en 2030 con base en los planes sectoriales de clima divulgados en julio de este año, ya que el gobierno federal aún no publicó oficialmente ese volumen —lo que, por sí solo, constituye un problema. “Según nuestros cálculos, la deforestación legal en la Amazonía tendría que bajar a 700 km² en 2030. Pero ¿dónde será eso? ¿Qué estado tendrá mayor participación? Creo que esas conversaciones nunca ocurrieron”.
El estudio publicado por el Imazon subraya que solo cuatro estados tienen metas de deforestación y apenas dos de ellas son mensurables. “En muchos casos, es probable que los gobiernos adopten metas únicamente para sus propios mandatos. Están pensando en 2026, 2027. Es importante contar con instrumentos como decretos estatales que proyecten más a largo plazo, para que podamos alinear estos objetivos”, concluye.
El problema de quién financia el agronegocio
Actividades agropecuarias, como cultivos de soja y la ganadería, figuran entre los principales impulsores de la deforestación en la Amazonía. El problema es que bancos extranjeros, públicos y nacionales han concedido crédito rural a productores con “historial ambiental irregular” y en desacuerdo con el Manual de Crédito Rural —que regula este tipo de financiamiento—, según reveló un estudio del Greenpeace publicado en 2024.
De acuerdo con el informe Bancando la Extinción, se identificaron 10.074 propiedades ubicadas parcial o totalmente dentro de Unidades de Conservación, 41 de ellas en áreas de protección integral (donde no debería existir ninguna actividad económica), 24 propiedades sobrepuestas a siete tierras indígenas y 21.692 inmuebles situados en bosques públicos no destinados (tierras bajo dominio de la Unión).
Además, se encontraron 798 inmuebles financiados a pesar de poseer áreas embargadas por el Ibama —una medida punitiva aplicable a la deforestación ilegal que prohíbe cualquier actividad hasta que la vegetación se regenere—. En resumen, recursos provenientes del contribuyente brasileño pueden estar llegando a deforestadores ilegales o a productores rurales con áreas sobrepuestas a tierras indígenas o unidades de conservación, impulsando actividades que alimentan la crisis climática.
El gobierno brasileño adoptó reglas un poco más estrictas en 2024. No obstante, aún hay puntos que deben mejorar, advierten especialistas. “El Banco Central reforzó algunas regulaciones en los últimos años, incluyendo la prohibición de crédito para inmuebles sobrepuestos a bosques públicos no destinados. Hubo avances, pero todavía se puede ir más lejos”, afirma Brito. Ella recuerda que existen otras modalidades de financiamiento al agronegocio que no están cubiertas por estas normas, como las Letras de Crédito del Agronegocio (LCA) y los Certificados de Recebibles del Agronegocio (CRA).
Investigaciones han mostrado poco control y transparencia en estas modalidades de financiamiento, y que los recursos vinculados a LCAs y CRAs están llegando a responsables de violaciones socioambientales. Además, la concesión de crédito rural está prohibida solo para inmuebles sobrepuestos a tierras indígenas homologadas —lo que deja fuera aquellas delimitadas pero aún no formalizadas, un punto criticado por especialistas por incentivar la deforestación en territorios de pueblos originarios.
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Esta reportaje fue producido por InfoAmazonia en el marco de la Cobertura Colaborativa Socioambiental de la COP30. Lea el original en: https://infoamazonia.org/2025/11/17/na-cop30-pesquisadores-pedem-ampliacao-da-meta-brasileira-de-desmatamento-zero-ate-2030/
