Diez municipios vulnerables de la Región Norte pasan a la primera línea de la adaptación del gobierno federal
Con casi 3 millones de habitantes expuestos a inundaciones, sequías, olas de calor extremo y presión ambiental, ciudades de la Amazonía pasan a recibir planes de adaptación que integran infraestructura, biodiversidad, desarrollo urbano y justicia climática — en medio del mayor desafío de la COP30: garantizar financiamiento real y permanente para transformar los planes en obras y protección efectiva.
Por: Steffanie Schmidt
De mayoría mestiza e indígena, casi tres millones de habitantes de la Región Norte que viven en municipios considerados de alta vulnerabilidad climática serán los primeros en recibir planes orientados a la adaptación frente a la emergencia climática. Son ciudades expuestas a inundaciones, deslizamientos, olas de calor, sequías severas y otros eventos extremos que se multiplican cada año. El perfil de estos territorios revela un mosaico complejo de desigualdades: el avance de la minería, la expansión urbana desordenada y las economías tradicionales ribereñas conviven hoy bajo un mismo paraguas de riesgo.
Datos del IBGE señalan que la disparidad económica no garantiza protección. Los municipios con los menores indicadores socioeconómicos se concentra en la misma frontera de presión ambiental: Augusto Corrêa (R$ 7.750,19), en Pará; São Gabriel da Cachoeira (R$ 8.995,21) y Benjamin Constant (R$ 8.664,03), en el Amazonas, registran los PIBs per cápita más bajos de la lista y dependen de economías basadas en la pesca, la agricultura familiar y el extractivismo. En el extremo opuestos se encuentran ciudades como Marabá (R$ 71.473,92) y Barcarena (R$ 47.010,21), en Pará, con PIBs impulsados por la minería, la metalurgia y la logística portuaria — actividades que aunque generan ingresos, arrastran un historial de pasivos ambientales, deforestación y contaminación de los ríos..
Belém (R$ 22.216,33), Ananindeua (R$ 16.542,68) y Palmas (R$ 32.977,35) enfrentan otra dimensión de la crisis: una urbanización acelerada sobre los manglares, áreas inundables, remanentes forestales y zonas ecológicamente frágiles. La falta de infraestructura y de sistema de drenaje urbano convierte las tormentas intensas en inundaciones cada vez más frecuentes, ampliando los riesgos a la salud pública y a los servicios esenciales. En medio de esta diversidad de realidades, es la vulnerabilidad — no la dimensión de la economía — que aparece como el punto común.
Tabla municipios datos PIB per cápita: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ywFLY5lxw45VOIcMSbNc7e-laeElzC-g76RDe6wL_Oc/edit?usp=sharing
Este es el contexto que orienta la política de adaptación que el Gobierno Federal implementará. Según la directora de Adaptación del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático (MMA), Inamara Melo, no se puede considerar la adaptación un asunto limitado a las obras de drenaje urbano. “Estamos hablando de una política que no se limita a las ciudades. No se trata solo de vivienda o saneamiento básico. Hablamos de turismo, patrimonio cultural, agricultura, seguridad alimentaria y salud. Los nueve objetivos nacionales atraviesan un conjunto amplio de políticas públicas”, afirmó durante la presentación del programa Adapta Cidades a periodistas en la COP30, en Belém (PA).
El gobierno quiere aplicar esta “lente de la adaptación” a toda la cartera federal de inversiones —lo que incluye programas como Minha Casa, Minha Vida y el PAC. En la práctica, las obras y los proyectos sólo deberán avanzar si consideran los riesgos climáticos futuros.“Antes de construir un puente, será necesario saber si el río crecerá; antes de aprobar un conjunto habitacional, será necesario saber si el barrio podrá sufrir con inundaciones o colapsar en los próximos años”, explica. El objetivo es sencillo: garantizar que el dinero público invertido hoy no se convierta en desastre mañana.
Para ello, será necesario un planeamiento de calidad. Según Melo, el principal cuello de botella no es sólo la falta de financiamiento, sino la falta de proyectos que cumplan los requisitos técnicos de bancos y fondos climáticos. Actualmente, son los mismos municipios los que consiguen acceder a los recursos internacionales o federales, porque ya cuentan con equipos y proyectos estructurados, señala la directora. La estrategia federal apuesta por crear una “fábrica de proyectos” que ayude a los municipios vulnerables en la elaboración de buenos planes, propuestas y diagnósticos — exigencia indispensable para alcanzar el financiamiento.
Según el Gobierno Federal, el AdaptaCidades — coordinado por el MMA dentro del Programa Cidades Verdes Resilientes — pretende alcanzar los dos mil municipios hasta el 2035, fortaleciendo a técnicos municipales, estandarizando metodologías y permitiendo que diferentes ciudades construyan planes de adaptación bajo el mismo marco, respetando sus particularidades locales— ya sean rurales, ribereñas, urbanas, agrícolas o industriales.
La lista de municipios ya seleccionados refleja esta diversidad. Pará lidera en número y en la superposición de riesgos: Belén, Marabá, Ananindeua, Barcarena, Abaetetuba y Augusto Corrêa viven entre los pasillos de la minería, hidrovías, expansión agropecuaria y crecimiento urbano. En Marabá, una de las regiones de minería más antiguas del país, las reservas extractivas, los bosques nacionales y las tierras indígenas coexisten con incendios, apertura de pastizales y presas de relaves. En Barcarena, fugas y episodios recurrentes de contaminación afectan a comunidades ribereñas e islas preservadas. Belém y Ananindeua crecen sobre ecosistemas frágiles — manglares, várzeas y fragmentos de bosques que antes funcionaban como amortiguadores naturales frente a inundaciones y olas de calor.
En el extremo opuesto, São Gabriel da Cachoeira y Benjamin Constant muestran cómo incluso los bosques vivos están expuestos al colapso climático.Territorios indígenas continuos y preservados —como Alto Rio Negro y Vale do Javari— mantienen selva primaria a gran escala. Sin embargo, las sequías cada vez más severas, los incendios históricos y la presión de la pesca y la minería ilegal revelan un escenario visible en la Amazonía: incluso quienes preservaron la selva hoy sufren los efectos de cambios que no provocaron.
Rondônia también aparece como señal de alerta. Pimenta Bueno integra una de las fronteras de deforestación más activas del Brasil: la tala y quema de áreas privadas generan incendios que avanzan sobre áreas protegidas. Así que incluso quienes conservan terminan pagando por los vecinos que destruyen. En Palmas, en el Tocantins, hay una encrucijada entre el Cerrado y la Amazonía, biomas que registran récords de fuego, expansión de pastizales y períodos secos cada vez más largos y calurosos.
La apuesta del gobierno federal es que esta agenda deje de ser puntual, electoral y fragmentada, y se convierta en una política permanente de desarrollo.
Los recursos para el programa AdaptaCidades provienen de fuentes del Gobierno Federal y de colaboraciones internacionales, con destaque para el Fondo Clima. El fondo, vinculado al Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático (MMA), pone a disposición recursos en las modalidades reembolsable (administradas por el BNDES) y no reembolsable (operadas por el MMA). El programa prevé un refuerzo de hasta R$20 mil millones al Fondo Clima para 2025.
Soluciones
Según Philip Yang, enviado especial del gobierno federal para soluciones urbanas, la mayor parte de las obras de adaptación al cambio climático no generan ingresos. De esta manera, el costo de ejecución recae sobre los gobiernos, que enfrentan un escenario macroeconómico de restricción fiscal (https://cop30.br/pt-br/noticias-da-cop30/gargalo-tecnico-e-financeiro-e-o-maior-desafio-para-enfrentamento-a-mudanca-do-clima-nas-cidades-diz-enviado-especial). Este sería uno de los principales cuellos de botella. Yang propone tres caminos como solución: la creación de un acuerdo formal entre la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC/UNFCCC) y el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat); el establecimiento de una ventana de financiamiento subnacional respaldada por un fondo catalítico de preparación de proyectos; y una incorporación más profunda de la agenda urbana en las decisiones políticas de la COP.
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Este reportaje fue producido por O Varadouro, a través de la Cobertura Colaborativa Socioambiental de la COP 30. Lee el reportaje original en https://ovaradouro.com.br/adaptacao-climatica/
